En 2021 llegaron a Europa irregularmente unos 120.000 inmigrantes. A España, 37.385 (casi los mismos que el año anterior), de ellos 20.752 a Canarias, según el Ministerio del Interior. Venían de 21 países, sobre todo africanos.

En 2021 perecieron en las rutas migratorias hacia a España 4.404 migrantes, 4.016 de ellos en la “ruta Canaria”. 12 víctimas mortales diarias. Son el doble que en 2020. Lo informa el colectivo colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades en movimiento Caminando Fronteras. Las víctimas pueden ser muchas más. El 95% de ellas desaparece en el mar sin que puedan recuperarse sus cuerpos. Caminando Fronteras se basan en los datos que les facilitan las familias de los desaparecidos.

La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones cifra los fallecimientos en las rutas a España en 1.255 (es decir, 3.5 veces menos), pero solo contabiliza como muertos a los cadáveres recuperados o si lo testifica algún superviviente, pero al menos 83 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo.

La crisis en Afganistán y los conflictos en Oriente Medio y África Subsahariana inducen a pensar que en 2022 puedan ser más los que intenten ganar las costas de Europa. La Unión europea endurece sus políticas migratorias. El derecho de asilo ha sido prácticamente abolido, y la UE ya trata esos flujos migratorios como un problema de seguridad y defensa (recuérdese el argumento de la “guerra híbrida” de Bielorrusia contra Polonia y la UE), incrementa las devoluciones “en caliente” y prolonga indefinidamente las tramitaciones de las solicitudes de asilo.

Al menos en el corto plazo seguirá encomendando el trabajo sucio a gobiernos autoritarios dispuestos a todo a cambio de miles de millones de euros: Turquía, Libia, Marruecos… En 2021 los guardacostas libios llevaron de vuelta a su país a unos 31.500 migrantes y solicitantes de asilo (tres veces más que el año anterior).

Migrantes climáticos

Las lluvias anormalmente intensas, las sequías prolongadas, la desertificación, la degradación del ambiente o la subida del nivel del mar y los ciclones están provocando que cada año millones de personas abandonen sus hogares en búsqueda de territorios que les permitan vivir. Hasta 12 millones de hectáreas de tierras productivas se vuelven estériles cada año. África es el continente más vulnerable, ya que más de 90% de su economía depende de una agricultura de subsistencia de secano.

Hace varios años, la Organización Internacional para las Migraciones calculaba que en 2050 los migrantes y refugiados climáticos podría alcanzar los 1.000 millones. La propia ONU reconoce que “el clima, la degradación del medioambiente y las catástrofes interactúan cada vez más con los motores de los movimientos de refugiados”.

Pueden ser 1.000 millones, ó 500, ó 200. ¿Qué van a hacer entonces Europa, Estados Unidos y otros países ricos? ¿Los enviarán a terceros países a cambio de dinero? ¿Los obligarán a volver a sus países de origen, de los que han tenido que huir debido a la guerra, al hambre o las dictaduras?

¿Hasta cuándo tendremos que soportar los bulos fascistas y de sus aliados, de que los inmigrantes nos quitan nuestros recursos económicos y sanitarios, de que son ladrones, traficantes de drogas, delincuentes, terroristas…?

Los datos indican que el hambre mata a más personas cada año que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos. En hambre empuja a los migrantes. En ello tienen bastante que ver las empresas occidentales que continúan explotando a los países y apoderándose de sus tierras y de su comercio en forma ilegal e injusta. También quienes fabrican guerras para dar salida a sus arsenales bélicos, llenando de armas países con estómagos vacíos.

Y nuestras autoridades, europeas y españolas, son incapaces de diseñar una política migratoria humana, que facilite vías legales de entrada y no empuje a miles de personas a jugarse la vida para entrar. Tampoco son capaces de ver que el endurecimiento de las políticas solo contribuye, en el mejor de los casos, a retrasar los problemas.

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De acuerdo a organismos de la ONU, hay en el mundo 811 millones de hambrientos y otros 2.300 millones (el 30% de la población) que no tiene acceso a una alimentación adecuada. Oxfam estima que seis millones de personas mueren al año de hambre (16.000 al día). La producción de alimentos ha aumentado en un 300% desde hace 60 años… y el hambre aumenta. Es claro que no es por falta de alimentos, sino por su injusta distribución.

La Cumbre ha hablado de garantizar dietas saludables para todos y el acceso de todos los niños a un menú escolar saludable en 2030 (solo la mitad de los niños de entre seis meses y dos años se alimentan adecuadamente). La multimillonaria Melinda French Gates anunció la donación de 785 millones de euros para ese propósito en los próximos cinco años.

No parece que el hambre en el mundo vaya a resolverse llevando algo de comida a quienes se encuentran en pobreza extrema. Tampoco se resuelve con aquello de “no le des el pescado, enséñale a pescar”. Muchos pobres saben pescar muy bien, pero el fruto de su pesca se lo apropia alguien que los explota. Es lo que les ocurre, por ejemplo, a los casi 2,5 millones de españoles (el 14.8% de los trabajadores) a quienes su empleo no permite salir de la pobreza.

Mientras tanto, unos 2.500 millones de toneladas de alimentos (el 40% de la producción mundial) se van cada año al basurero. De ellos, unos 1.200 millones de toneladas se pierden en la fase de producción. El resto, 1300 millones de toneladas, se desperdicia en los hogares (61%), los servicios de alimentos o restaurantes (26%) y en los comercios (13%). Con esos alimentos desperdiciados podría alimentarse siete veces a todas las personas que pasan hambre en el planeta.

Curiosamente, el mayor desperdicio en la fase agrícola (el 58%) ocurre en los países de ingresos altos y medios de Europa, América del Norte y países industrializados, donde se desechan alimentos sanos por motivos estéticos y por su apariencia (tamaño, color, rayitas o manchitas en la piel…).

La ONU calcula que se necesitarían cada año 228.000 millones de euros para acabar con el hambre en 2030. Paradójicamente, sólo en la citada fase agrícola de desperdician cada año 316.000 millones.

Por otra parte, las 10 personas más ricas del mundo incrementaron su riqueza en 353.000 millones de euros en 2020, según la revista especializada Forbes. Es casi el doble de lo que necesitan 2.300 millones de personas para no tener que ir a la cama sin comer o, peor aún, para morir de hambre.

Hablamos de una desigualdad que es consecuencia del sistema económico, social y político predomina en el mundo (léase el capitalismo), que genera grandes riquezas para unos pocos y grandes pobrezas para muchos.

El sistema alimentario se basa en la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales (tierra, agua…), con tecnología muy especializada y grandes inversiones, que permite producir grandes cantidades de alimentos con un buen ratio coste-beneficio. Es un sistema que coloca el beneficio económico sobre las personas y su derecho a la alimentación. Está diseñado para el lucro de los grandes inversores, que especulan con los precios de los alimentos, de las empresas transnacionales que controlan los mercados, y de las grandes compañías energéticas que producen y procesan productos agrícolas para la elaboración de biocombustibles. Al mismo tiempo, han provocado una dramática pérdida de la biodiversidad, uno de los principales problemas del cambio climático.

En ese sistema no cuentan los pequeños productores familiares, que se han empobrecido progresivamente; y sin embargo son ellos los que, en pequeñas explotaciones menores de dos hectáreas producen más del 30% de los alimentos que se consumen a nivel mundial, y hasta el 80% en África o Asia.

Acabar con el hambre pasa por erradicar la pobreza, y ello no será posible sin acabar con las grandes desigualdades que propicia el sistema. Junto a las desigualdades, también las guerras son causa del hambre. De hecho, en 2020 llevaron a la pobreza a 100 millones de personas.

Frente al drama del hambre no es suficiente la simple tecnificación de la producción, con el uso de inteligencia artificial, modificaciones genéticas y otras tecnologías de punta. Esas medidas solo benefician a la decena de grandes empresas multinacionales que controlan la cadena alimentaria: semillas, fertilizantes, plaguicidas, procesamiento, distribución, etc.

Es preocupante que en las Cumbres de la Alimentación, donde se adoptan las líneas que deben seguir las políticas públicas de los países, tengan cada vez más peso las grandes multinacionales (Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft…), que obviamente buscan garantizar sus beneficios en el futuro.

Los sistemas alimentarios deben asumir la perspectiva de los derechos humanos. Deben dar el protagonismo a los pequeños agricultores, que deben recibir precios justos por sus productos y salarios dignos; y a las mujeres, que representan el mayor porcentaje de agricultoras pero que no reciben ningún apoyo; y a los indígenas, poseedores de sabios conocimientos sobre el uso de la tierra, las semillas y el agua, que tienen mucho que aportar en un sistema alimentario respetuoso con el medio ambiente y que requieren de apoyo financiero y técnico; y a los pequeños y medianos granjeros rurales, que practican la agroecología y la sostenibilidad…

Por ahí, quizá, podamos avanzar hacia un nuevo sistema alimentario global, donde los seres humanos estén en el centro de las prioridades.

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Entre 2014 y 2019, por ejemplo, España gastó 660 millones de euros en “gestión migratoria”, a través de al menos 1.667 contratos adjudicados a 819 empresas, la mayoría de ellos sin concurso público. El 71,3% de todo ese dinero va a parar a diez empresas multinacionales dedicadas a defensa/armamento, construcción, servicios, alimentación, limpieza y mantenimiento… Lo llaman Industria del Control Migratorio (ICM). Y, curiosamente, se trata de empresas que cuentan con más de cien casos de “puertas giratorias” (ex altos cargos de la administración que pasaron a ser directivos de esas empresas).

En los contratos de adjudicación aparecen conceptos como ”servicio aéreo low cost de Salvamento Marítimo”, “reparación y mantenimiento en las vallas fronterizas”, “suministro de comida e higiene en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes”, “instalación de radares”, “sistemas de reconocimiento facial en puestos fronterizos”, “revisión de chalecos salvavidas”, “gestión marítima de los buques oceánicos de la Guardia Civil”, “prestación de servicios sanitarios y de seguridad, limpieza y mantenimiento”, “prestación de servicios informáticos y ropa”, “suministro de sistemas de visión nocturna y sus respectivos servicios de mantenimiento”, “mantenimiento y venta de repuestos para aviones y helicópteros de patrulla marítima”, “servicios de reparación y mantenimiento de drones o cámaras térmicas”, “suministro de combustible para los patrulleros” y un largo etcétera.

Las empresas más favorecidas por esos contratos son Babcock Mission Critical, ACS, Indra, Ferrovial, Gauzón Ibérica, Eulen, Repsol, Telefónica y El Corte Inglés. Es conocido que varias de esas empresas están implicadas en casos de corrupción que actualmente se ventilan en los Tribunales.

Llama la atención que, de esos 660 millones de euros, 97,8 se destinaron a la detención y expulsión de migrantes, y solo 11,2 millones a su acogida e integración.

En el mismo período, España recibió de la Unión Europea 801 millones de euros para reforzar sus fronteras exteriores y su gestión migratoria, lo cual incluye la subcontratación de gobiernos extracomunitarios (Marruecos, Libia, Turquía…) para llevar a cabo las tareas más comprometedoras del control migratorio. Actualmente la UE tiene misiones civiles y operaciones militares en varios países del Magreb y el Sahel, con funciones de entrenamiento y capacitación de los cuerpos de seguridad locales en el control migratorio.

En España se han ensayado prácticas que después se han asumido por otros países de la Unión. Es el caso de utilizar las ayudas al desarrollo como mecanismos de presión a los países que generan migrantes; o las concertinas (cuchillas de acero) estrenadas en la valla de Melilla que son utilizadas ahora en varios países de los Balcanes y del norte de Europa; España comenzó a utilizar drones de control en nuestro litoral, y ahora son utilizados en todo el Mediterráneo; otro tanto ocurre con las “cárceles exprés”, extendidas ya por toda Europa.

Es sabido que el modelo de control migratorio mantenido por España y Europa es insolidario e inhumano. Siguen los muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad en otras rutas migratorias, aumenta la población migrante encarcelada…, fruto de unas políticas que nos avergüenzan. Es, además, un modelo ineficaz para contener la inmigración. ¿Por qué lo mantienen? ¿Tienen algo que ver los pingües beneficios que ello reporta a las empresas involucradas?

• pd: La imagen utilizada pertenece al estudio La industria del Control Migratorio, de porcausa.

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Una patera rescatada con 24 cadáveres de subsaharianos (dos menores de edad) cerca de Canarias. Sin noticias de cinco cayucos que salieron de Mauritania con destino a las islas, con un total de 283 personas a bordo. Otros 130 migrantes mueren ahogados en un naufragio en el Mediterráneo Central (las autoridades de los estados que podrían haberlas salvado no hicieron nada, pese a haber sido alertadas dos días antes). ¡Y ya van más de 500 ahogados este año en esa zona!  

En 2020 llegaron a nuestras costas 41.861 migrantes de forma irregular, de los que 23.023 lo hicieron a Canarias. Pero, según la ONU, otros 2.276 quedaron en esas enormes fosas comunes llamadas Mediterráneo o Atlántico (1.239 de ellos en la “ruta canaria”). En este año han llegado a Canarias más de 4.000, el doble que en el mismo período del año pasado, y 88 han perecido en el intento. Cuando se cierra una ruta migratoria, se abre otra, por lo general más peligrosa… Pagamos a Marruecos para que bloquee las corrientes migratorias hacia la península, y las mafias abren la ruta de África occidental hacia Canarias.

Nuestros gobernantes hablan de que es deseable una migración “segura, ordenada y regular”, pero cierran las vías legales para que ello ocurra. Muchos de los que llegan intentaron antes en vano conseguir visados de trabajo o estudiante, o la reunificación con sus familiares que ya están aquí. Huyen de las guerras, del terrorismo, o simplemente del hambre. Vienen de Sudán, Camerún, Chad, Etiopía, Nigeria, Níger, Mali, Mauritania, Guinea, Argelia, Túnez, Marruecos… Buscan un futuro, pero su única posibilidad es ponerse en manos de mafias y traficantes de personas, soportar meses o años de periplo a través de diferentes países, malos tratos, tortura, explotación, violencia sexual, extorsión… y montarse en una precaria embarcación.

Mientras España y Europa hablan de “vías legales y ordenadas”, la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), que en 2005 disponía de un presupuesto de 16 millones de euros, cuenta ahora con casi 550 para reforzar controles, externalizar fronteras y planificar expulsiones. El Parlamento Europeo debate actualmente un plan migratorio en esa línea, y la Comisaria europea de Interior declara que los estados deben devolver a África a los migrantes que llegan.

En noviembre de 2020 vimos 2.500 migrantes, llegados en pateras, hacinados en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Las autoridades se negaron a autorizar su viaje a la península. Luego de meses a la intemperie, fueron reubicados, primero, en hoteles vacíos y, después, en campamentos semi-improvisados en antiguos colegios, acuartelamientos, naves comerciales en desuso, etc., donde viven en condiciones de vida que ponen en riesgo su salud mental y generan conflictos evitables, según Médicos del Mundo. Es la política de la “contención”, ya practicada en las islas griegas y en algunos puertos italianos: No dejarlos salir (de manera que no puedan embarcar hacia la península), entorpecer los trámites, y devolverlos a sus países de origen. En los dos primeros meses de 2021 España repatrió al menos a 153 migrantes desde Canarias.

El Defensor del Pueblo ha dicho que las condiciones de acogida estuvieron «profundamente degradadas» y ha denunciado que los actuales “campamentos” son “lugares de privación de derechos». Las organizaciones humanitarias exigen poner fin al bloqueo de los inmigrantes en las islas y que se les permita libertad de movimientos.

Mientras tanto, continúan las devoluciones “en caliente” de quienes entran por Ceuta y Melilla.

La ola de aporofobia, insensibilidad e inhumanidad frente a los inmigrantes se extiende como mancha de aceite. Las autoridades francesas expulsan cada mes a Italia a decenas de niños no acompañados y a familias enteras, negándoles el derecho a solicitar asilo. Durante la pandemia, los estados miembros de la Unión Europea han realizado operaciones ilegales para devolver en caliente a al menos 40.000 migrantes que habían llegado a las fronteras europeas; en esas operaciones habría muerto más de 2.000 personas. Lo ha denunciado el periódico británico The Guardian.

Para quienes ya están entre nosotros, la irregularidad significa vivir sin derechos. Nuestras leyes y nuestros jueces los criminalizan, y los gobiernos destinan nuestros recursos a evitar que lleguen o a expulsarlos. Ni siquiera pueden acudir a una comisaría para denunciar haber sido víctimas de un delito, o para solicitar el DNI para sus hijos que tienen reconocida la nacionalidad española, porque eso puede acabar con la apertura de un expediente sancionador o un proceso de deportación. Por no hablar de la vulneración de sus derechos laborales por parte de los empleadores.

De acuerdo a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España sólo aprueba un 5% de las solicitudes de asilo, una tasa muy por debajo de la media europea (33%).

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 2.545.729 españoles registrados como emigrantes en otros países. El 61% viven en América, el 35% en Europa y el 4% en el resto del mundo. Los inmigrantes africanos apenas representan el 4,3% de todas las personas que entran en España. ¿De verdad hay “razones razonables” para oponernos a que unas decenas de miles de africanos busquen la vida entre nosotros?

Convendremos, cuando menos, en que las políticas migratorias de España se alejan cada vez más de los criterios humanitarios y solidarios.

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