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El negocio de la migración irregular

Los inmigrantes irregulares solo representan el 4,5% de todos los extranjeros que llegan cada año a España. Son personas que, independientemente de sus motivos para migrar, no cuentan con una vía segura y legal para iniciar su viaje. Para la Unión Europea y para España, la lucha contra esa inmigración se ha convertido en una de las grandes prioridades, que contribuye al enriquecimiento de un amplio sector empresarial.

Entre 2014 y 2019, por ejemplo, España gastó 660 millones de euros en “gestión migratoria”, a través de al menos 1.667 contratos adjudicados a 819 empresas, la mayoría de ellos sin concurso público. El 71,3% de todo ese dinero va a parar a diez empresas multinacionales dedicadas a defensa/armamento, construcción, servicios, alimentación, limpieza y mantenimiento… Lo llaman Industria del Control Migratorio (ICM). Y, curiosamente, se trata de empresas que cuentan con más de cien casos de “puertas giratorias” (ex altos cargos de la administración que pasaron a ser directivos de esas empresas).

En los contratos de adjudicación aparecen conceptos como ”servicio aéreo low cost de Salvamento Marítimo”, “reparación y mantenimiento en las vallas fronterizas”, “suministro de comida e higiene en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes”, “instalación de radares”, “sistemas de reconocimiento facial en puestos fronterizos”, “revisión de chalecos salvavidas”, “gestión marítima de los buques oceánicos de la Guardia Civil”, “prestación de servicios sanitarios y de seguridad, limpieza y mantenimiento”, “prestación de servicios informáticos y ropa”, “suministro de sistemas de visión nocturna y sus respectivos servicios de mantenimiento”, “mantenimiento y venta de repuestos para aviones y helicópteros de patrulla marítima”, “servicios de reparación y mantenimiento de drones o cámaras térmicas”, “suministro de combustible para los patrulleros” y un largo etcétera.

Las empresas más favorecidas por esos contratos son Babcock Mission Critical, ACS, Indra, Ferrovial, Gauzón Ibérica, Eulen, Repsol, Telefónica y El Corte Inglés. Es conocido que varias de esas empresas están implicadas en casos de corrupción que actualmente se ventilan en los Tribunales.

Llama la atención que, de esos 660 millones de euros, 97,8 se destinaron a la detención y expulsión de migrantes, y solo 11,2 millones a su acogida e integración.

En el mismo período, España recibió de la Unión Europea 801 millones de euros para reforzar sus fronteras exteriores y su gestión migratoria, lo cual incluye la subcontratación de gobiernos extracomunitarios (Marruecos, Libia, Turquía…) para llevar a cabo las tareas más comprometedoras del control migratorio. Actualmente la UE tiene misiones civiles y operaciones militares en varios países del Magreb y el Sahel, con funciones de entrenamiento y capacitación de los cuerpos de seguridad locales en el control migratorio.

En España se han ensayado prácticas que después se han asumido por otros países de la Unión. Es el caso de utilizar las ayudas al desarrollo como mecanismos de presión a los países que generan migrantes; o las concertinas (cuchillas de acero) estrenadas en la valla de Melilla que son utilizadas ahora en varios países de los Balcanes y del norte de Europa; España comenzó a utilizar drones de control en nuestro litoral, y ahora son utilizados en todo el Mediterráneo; otro tanto ocurre con las “cárceles exprés”, extendidas ya por toda Europa.

Es sabido que el modelo de control migratorio mantenido por España y Europa es insolidario e inhumano. Siguen los muertos en el Mediterráneo, crece la letalidad en otras rutas migratorias, aumenta la población migrante encarcelada…, fruto de unas políticas que nos avergüenzan. Es, además, un modelo ineficaz para contener la inmigración. ¿Por qué lo mantienen? ¿Tienen algo que ver los pingües beneficios que ello reporta a las empresas involucradas?

Waldo Fernandez Ramos

Waldo Fernandez Ramos
Observador de la realidad con ojo crítico