El mundo en que vivimos
INMIGRACIÓN: CUANDO TODO PUEDE SER PEOR
Una patera rescatada con 24 cadáveres de subsaharianos (dos menores de edad) cerca de Canarias. Sin noticias de cinco cayucos que salieron de Mauritania con destino a las islas, con un total de 283 personas a bordo. Otros 130 migrantes mueren ahogados en un naufragio en el Mediterráneo Central (las autoridades de los estados que podrían haberlas salvado no hicieron nada, pese a haber sido alertadas dos días antes). ¡Y ya van más de 500 ahogados este año en esa zona!
En 2020 llegaron a nuestras costas 41.861 migrantes de forma irregular, de los que 23.023 lo hicieron a Canarias. Pero, según la ONU, otros 2.276 quedaron en esas enormes fosas comunes llamadas Mediterráneo o Atlántico (1.239 de ellos en la “ruta canaria”). En este año han llegado a Canarias más de 4.000, el doble que en el mismo período del año pasado, y 88 han perecido en el intento. Cuando se cierra una ruta migratoria, se abre otra, por lo general más peligrosa… Pagamos a Marruecos para que bloquee las corrientes migratorias hacia la península, y las mafias abren la ruta de África occidental hacia Canarias.
Nuestros gobernantes hablan de que es deseable una migración “segura, ordenada y regular”, pero cierran las vías legales para que ello ocurra. Muchos de los que llegan intentaron antes en vano conseguir visados de trabajo o estudiante, o la reunificación con sus familiares que ya están aquí. Huyen de las guerras, del terrorismo, o simplemente del hambre. Vienen de Sudán, Camerún, Chad, Etiopía, Nigeria, Níger, Mali, Mauritania, Guinea, Argelia, Túnez, Marruecos… Buscan un futuro, pero su única posibilidad es ponerse en manos de mafias y traficantes de personas, soportar meses o años de periplo a través de diferentes países, malos tratos, tortura, explotación, violencia sexual, extorsión… y montarse en una precaria embarcación.
Mientras España y Europa hablan de “vías legales y ordenadas”, la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), que en 2005 disponía de un presupuesto de 16 millones de euros, cuenta ahora con casi 550 para reforzar controles, externalizar fronteras y planificar expulsiones. El Parlamento Europeo debate actualmente un plan migratorio en esa línea, y la Comisaria europea de Interior declara que los estados deben devolver a África a los migrantes que llegan.
En noviembre de 2020 vimos 2.500 migrantes, llegados en pateras, hacinados en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Las autoridades se negaron a autorizar su viaje a la península. Luego de meses a la intemperie, fueron reubicados, primero, en hoteles vacíos y, después, en campamentos semi-improvisados en antiguos colegios, acuartelamientos, naves comerciales en desuso, etc., donde viven en condiciones de vida que ponen en riesgo su salud mental y generan conflictos evitables, según Médicos del Mundo. Es la política de la “contención”, ya practicada en las islas griegas y en algunos puertos italianos: No dejarlos salir (de manera que no puedan embarcar hacia la península), entorpecer los trámites, y devolverlos a sus países de origen. En los dos primeros meses de 2021 España repatrió al menos a 153 migrantes desde Canarias.
El Defensor del Pueblo ha dicho que las condiciones de acogida estuvieron «profundamente degradadas» y ha denunciado que los actuales “campamentos” son “lugares de privación de derechos». Las organizaciones humanitarias exigen poner fin al bloqueo de los inmigrantes en las islas y que se les permita libertad de movimientos.
Mientras tanto, continúan las devoluciones “en caliente” de quienes entran por Ceuta y Melilla.
La ola de aporofobia, insensibilidad e inhumanidad frente a los inmigrantes se extiende como mancha de aceite. Las autoridades francesas expulsan cada mes a Italia a decenas de niños no acompañados y a familias enteras, negándoles el derecho a solicitar asilo. Durante la pandemia, los estados miembros de la Unión Europea han realizado operaciones ilegales para devolver en caliente a al menos 40.000 migrantes que habían llegado a las fronteras europeas; en esas operaciones habría muerto más de 2.000 personas. Lo ha denunciado el periódico británico The Guardian.
Para quienes ya están entre nosotros, la irregularidad significa vivir sin derechos. Nuestras leyes y nuestros jueces los criminalizan, y los gobiernos destinan nuestros recursos a evitar que lleguen o a expulsarlos. Ni siquiera pueden acudir a una comisaría para denunciar haber sido víctimas de un delito, o para solicitar el DNI para sus hijos que tienen reconocida la nacionalidad española, porque eso puede acabar con la apertura de un expediente sancionador o un proceso de deportación. Por no hablar de la vulneración de sus derechos laborales por parte de los empleadores.
De acuerdo a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España sólo aprueba un 5% de las solicitudes de asilo, una tasa muy por debajo de la media europea (33%).
Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 2.545.729 españoles registrados como emigrantes en otros países. El 61% viven en América, el 35% en Europa y el 4% en el resto del mundo. Los inmigrantes africanos apenas representan el 4,3% de todas las personas que entran en España. ¿De verdad hay “razones razonables” para oponernos a que unas decenas de miles de africanos busquen la vida entre nosotros?
Convendremos, cuando menos, en que las políticas migratorias de España se alejan cada vez más de los criterios humanitarios y solidarios.
