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Es urgente garantizar los derechos de menores víctimas de menores

Desde la Fundación Luz Casanova hemos presentado una queja al Defensor del Pueblo solicitando que se lleve a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, para que las víctimas de violencia de género adolescentes tengan los mismos derechos que las mujeres adultas, con independencia de que el agresor sea menor.

Llevamos más de 10 años atendiendo a menores víctimas de violencia de género y escuchamos sus quejas y las de sus familias respecto al trato recibido en los Juzgados de Menores, constatando de forma reiterada su sensación de indefensión en las situaciones de discriminación y desamparo que sufren las víctimas menores de edad.

Menores desprotegidas

Hay diferencias de trato entre las mujeres adultas y las menores de edad, sobre todo en el caso de que el agresor también sea menor de edad, ya que e esos casos la denuncia va a los Juzgados de Menores, en los cuales no se aplica el Protocolo de Violencia de Género por lo que estas víctimas:

  • no tienen asistencia letrada desde el mismo momento de formular la denuncia,
  • no se les informa de los recursos que tienen a su disposición como víctimas de violencia de género,
  • no pueden solicitar una orden de protección como medida cautelar.

Sin embargo, si esas menores sufren agresión por parte de una persona adulta sí se aplica todo ese protocolo de atención, asesoramiento inmediato, ya que la denuncia va a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y se aplica el protocolo de violencia de género.

Además, con frecuencia, tanto las víctimas como sus familias sienten un gran malestar al sentirse juzgadas, cuestionadas y sin la información adecuada, lo que, unido a los efectos de la propia violencia vivida, incrementa las consecuencias del daño hasta el punto de cuestionarse si han hecho bien o no en interponer una denuncia.

De hecho, las deficiencias que presenta la legislación española referida a la protección integral de la infancia y la adolescencia afectan a niños, niñas y adolescentes que no han cumplido 18 años, que tardan entre uno y cinco meses en denunciar una agresión o bien, ante la sensación de estar desprotegidas, no lo hacen nunca.

Estas situaciones de desprotección y desamparo son también objeto de preocupación por parte de la Fiscalía General del Estado, como se señala en su Memoria de 2023.

Por todo ello consideramos urgente modificar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, para que las víctimas de violencia de género adolescentes tengan los mismos derechos que las mujeres adultas, con independencia de que el agresor sea menor, y ajustarla a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, en la que las víctimas menores tienen derecho a ser escuchadas con todas las garantías, a medidas específicas de atención integral, así como la legitimación necesaria para defender sus derechos e intereses en los procedimientos judiciales causados por la violencia.

Estos mismos principios, reforzados por la legislación especial protectora de los menores de edad, son los que deben tenerse en cuenta en el proceso penal del menor en temas tramitados por violencia de género, garantizando así los derechos de las víctimas.

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