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Porque una democracia se mide por los servicios sociales que ofrece a su ciudadanía, España avanza en prestaciones para la población más vulnerable y se une al club de Europa donde el Ingreso Mínimo Vital es una realidad en prácticamente todos los países de la Unión Europea. Por eso, la Fundación Luz Casanova celebra esta normativa, un avance fundamental hacia la cohesión social para paliar la pobreza extrema y una importante herramienta en la lucha contra la desigualdad. España era el único país de la Unión que carecía de una renta estatal para esos hogares empobrecidos.

Se pretende llegar a 850.000 hogares y se beneficiarán cerca de 2,3 millones de personas,

Con ese ingreso se pretende llegar a 850.000 hogares y se beneficiarán cerca de 2,3 millones de personas, especialmente menores. Se prevé movilizar alrededor de 3.000 millones de euros en un programa que será permanente y no temporal, porque la necesidad -lamentablemente- es estructural y no coyuntural. Este aporte, que complementará los recursos de los hogares más vulnerables hasta llegar a unos umbrales mínimos (que se establecen en función de la situación familiar y van desde 460 euros hasta 1.015 euros) se deberá además sumar a los distintos programas de ayuda de las Comunidades Autónomas, supone rediseñar el sistema de protección social.

Hay mucho a corregir si queremos hablar de democracia. Lo evidencian datos del Instituto Nacional de Estadística, la Organización Internacional del Trabajo o Eurostat:

El 26,1% de la población está en riesgo de pobreza
Un 13% de trabajadores en España está en esa situación
La pobreza severa (menos del 40% de ingresos de la mediana, 5.914 euros) alcanza al 12,4% de la población
Y la pobreza infantil vive en más 120.000 hogares sin ingreso alguno viven niños.

Más allá de eso, también habrá que abordar la vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular, especialmente la de hogares con niños y niñas o las personas en solicitud de refugio.