Llevamos más de 10 años atendiendo a menores víctimas de violencia de género y escuchamos sus quejas y las de sus familias respecto al trato recibido en los Juzgados de Menores, constatando de forma reiterada su sensación de indefensión en las situaciones de discriminación y desamparo que sufren las víctimas menores de edad.

Menores desprotegidas

Hay diferencias de trato entre las mujeres adultas y las menores de edad, sobre todo en el caso de que el agresor también sea menor de edad, ya que e esos casos la denuncia va a los Juzgados de Menores, en los cuales no se aplica el Protocolo de Violencia de Género por lo que estas víctimas:

• no tienen asistencia letrada desde el mismo momento de formular la denuncia,
• no se les informa de los recursos que tienen a su disposición como víctimas de violencia de género,
• no pueden solicitar una orden de protección como medida cautelar.

Sin embargo, si esas menores sufren agresión por parte de una persona adulta sí se aplica todo ese protocolo de atención, asesoramiento inmediato, ya que la denuncia va a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y se aplica el protocolo de violencia de género.

Además, con frecuencia, tanto las víctimas como sus familias sienten un gran malestar al sentirse juzgadas, cuestionadas y sin la información adecuada, lo que, unido a los efectos de la propia violencia vivida, incrementa las consecuencias del daño hasta el punto de cuestionarse si han hecho bien o no en interponer una denuncia.

De hecho, las deficiencias que presenta la legislación española referida a la protección integral de la infancia y la adolescencia afectan a niños, niñas y adolescentes que no han cumplido 18 años, que tardan entre uno y cinco meses en denunciar una agresión o bien, ante la sensación de estar desprotegidas, no lo hacen nunca.

Estas situaciones de desprotección y desamparo son también objeto de preocupación por parte de la Fiscalía General del Estado, como se señala en su Memoria de 2023.

Por todo ello consideramos urgente modificar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, para que las víctimas de violencia de género adolescentes tengan los mismos derechos que las mujeres adultas, con independencia de que el agresor sea menor, y ajustarla a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, en la que las víctimas menores tienen derecho a ser escuchadas con todas las garantías, a medidas específicas de atención integral, así como la legitimación necesaria para defender sus derechos e intereses en los procedimientos judiciales causados por la violencia.

Estos mismos principios, reforzados por la legislación especial protectora de los menores de edad, son los que deben tenerse en cuenta en el proceso penal del menor en temas tramitados por violencia de género, garantizando así los derechos de las víctimas.

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Esta es una de las realidades que nos ofrece la encuesta realizada por la Asociación Española de Fundaciones (AEF) sobre las mujeres y el sector de las fundaciones. Algunos resultados fueron presentados al calor del Día Internacional de la Mujer.

La encuesta es parte de un informe que se dará a conocer a finales de este año en el que se analiza el papel de las mujeres en el ámbito de las fundaciones. En él se tratan, entre otros, temas tales como la paridad en los órganos de representación y gobierno, el empleo y los recursos humanos, la comunicación y la representación institucional. Este trabajo es fiel reflejo de la voluntad de la AEF de avanzar hacia la paridad entre hombres y mujeres. De hecho, en la asociación están trabajando en el diseño de su propio plan de igualdad que sirva como referente para el sector.

En la presentación de la citada encuesta, las intervinientes, entre ellas, Pilar García-Ceballos Zúñiga, presidenta de AEF, destacaron los siguientes datos:

• Personas miembros de patronatos: 34,7% mujeres y 65,3% hombres
• Presidencias de patronatos: 35,2% mujeres y 64,8% hombres
• Vicepresidencias: 29,6% mujeres y 70,4% hombres
• Secretarías de patronato: 43,3% mujeres y 56,7% hombres

En la presentación de la encuesta no sólo se dieron a conocer datos referidos a la paridad en el sector de las fundaciones, sino también se pusieron sobre la mesa algunas conclusiones de las cuales destacamos las siguientes:

• la necesidad de fomentar planes de igualdad en el ámbito de las fundaciones ya que sólo el 44,2% de las mismas tienen formación específica en igualdad de género
• mayor frecuencia en la renovación de los patronatos con el objetivo de ir incorporando nuevos perfiles, lo que facilitaría la innovación en el sector fundacional
• poner especial atención a la discriminación que todavía sufren las mujeres por razón de su etnia, discapacidad, edad o situaciones de máxima vulnerabilidad, como en el caso de las mujeres víctimas de trata, y así lo señalaron desde la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación Reale.

En Luz Casanova somos conscientes de la necesidad de evolucionar y de adaptarnos a las distintas realidades sociales para dar las respuestas adecuadas en todo momento. La paridad en las fundaciones es un punto de partida necesario, como nos demuestran los datos de la encuesta realizada por la AEF.

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Se trata de la primera encuesta sobre violencia contra la mujer en el marco del Sistema Estadístico Europeo, coordinado por Eurostat, la oficina estadística de la UE. El primer dato es estremecedor: en España, más de 4.800.000 mujeres han sido amenazadas, humilladas, golpeadas o violadas por sus parejas o exparejas. La encuesta se ha realizado a mujeres residentes en nuestro país entre 16 y 74 años.

La prevalencia estimada varía entre el 38,4% (909.941) de las mujeres entre 18 y 29 años y el 19% (468.062) de las que tienen entre 65 y 74 años. De estos datos, en el informe de la encuesta se destaca uno positivo: las mujeres jóvenes tienen mayor conocimiento de la violencia de género, la identifican mejor y se sienten capaces de visibilizarla mejor.

La otra cara de la moneda está representada por “las mujeres mayores que han enfrentado, de manera prolongada y cronificada, situaciones de violencia a lo largo de su vida en un contexto social, cultural y político en el que la violencia de género estaba invisibilizada, normalizada e incluso aceptada en las relaciones de pareja.

Algunas, por ejemplo, se convierten en las propias cuidadoras de los agresores”. En ambos casos, las violencias no se producen de repente sino que son “resultado de un proceso de maltrato psicológico y psíquico más prolongado que va aumentando en intensidad y frecuencia”.

El informe presenta los resultados obtenidos en la encuesta, organizados en los siguientes temas:

Asimismo, se presentan datos referidos al conocimiento que tienen las mujeres de algunos de los recursos disponibles de ayuda a víctimas de violencia contra la mujer. El recurso más conocido es el servicio telefónico de atención a víctimas 016: el 86,5% de mujeres víctimas lo conoce. En segundo lugar, son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: el 80,1% de las mujeres los conocen. En tercer lugar, se encuentran los centros de acogida de emergencia, casas de acogida y/o viviendas tuteladas o de tránsito, conocidos por el 80% de las mujeres.

De entre los distintos tipos de violencia que se analizan, la psicológica es la que se estima que tiene mayor prevalencia por parte de la pareja o expareja, según datos de la encuesta, con el 27,8% (más de 4,6 millones de mujeres a las que sus parejas alguna vez humillaron, les prohibieron ver a su familia o amigos o las controlaron), frente a la física (12,7%) o la sexual (6,7%). Asimismo, se afirma que “siempre que existe violencia física, se ejerce también la psicológica” ya que las consecuencias de los golpes, los empujones, las patadas… no solo producen lesiones en el 50,3% de los casos, sino que se traducen también en problemas psicológicos (78,4%).

En el estudio se destaca que la violencia que se ejerce contra las mujeres “forma parte de un continuo de violencia estructural histórica que se despliega en todos los espacios de socialización en los que se desenvuelven las mujeres y las niñas”. Y sin paliativos se afirma que “la erradicación de la violencia contra las mujeres es un objetivo de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Este compromiso viene respaldado por la evidencia en forma de datos sistemáticos, comparables y armonizados”. Buen ejemplo de ello es la Encuesta europea de Violencia de Género que comentamos.

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Dicho repunte coincide con el discurso antifeminista de demasiados representantes políticos que, actualmente, niegan la existencia de la violencia machista, o lo que es lo mismo, niegan una realidad que se vive en todos los rincones del planeta, negacionismo inexplicable a no ser por una ceguera total y absoluta frente a tan dramáticos y reiterados crímenes.

En los últimos años se han producido importantes avances legislativos, se han reforzado las medidas de protección y prevención a las víctimas, entre otras medidas; sin embargo, la realidad del aumento en el número de crímenes nos lleva a preguntarnos ¿qué está fallando? En muchos casos, los fallos se encuentran el propio entorno que envuelve a la víctima. Está comprobado que, teniendo conocimiento de amenazas y malos tratos hacia una determinada mujer, el temor a consecuencias indeseadas sume en el silencio a familiares, amigos, vecindario… De ahí que las campañas de información y concienciación son importantes ya que, en muchos casos una denuncia a tiempo puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte de una mujer.

Paralelamente a las campañas de información a la población en general, no debemos olvidar el importante papel de la formación en los centros escolares, máxime cuando  aumentan los crímenes machistas en nuestra sociedad y, además, se producen violaciones grupales con implicación de menores, se difunden falsas fotografías de carácter sexual, manipuladas por inteligencia artificial, vejaciones a niñas y adolescentes… Todo ello constituye un panorama altamente preocupante que clama por reforzar la educación en y para la igualdad en el ámbito educativo.

Nuestra toma de conciencia no solo es importante sino también imprescindible a la hora de denunciar casos de violencia machista y, ante cualquier sospecha, recordemos que el teléfono 016 atiende las 24 horas del día todos los días del año tanto a las víctimas como a sus familias y a su entorno.

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Cada año los datos, que esconden rostros detrás, nos hablan de la magnitud de una situación que afecta de forma diferente a hombres, mujeres, jóvenes, mayores, migrantes…

 Desde 2003 el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza la “Encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar” cuyo principal  objetivo es estudiar las diferentes características de los centros de atención a las personas sin hogar, tanto las generales como las referidas a las prestaciones que ofrecen, cómo atienden a las personas, además de otros aspectos como el económico, el funcionamiento, las fuentes de financiación, los recursos humanos, los períodos de actividad, así como la capacidad y la ocupación. https://www.ine.es/prensa/ecapsh_2022.pdf

A finales de septiembre se presentó dicha encuesta con datos referidos al pasado año (2022) y desatacamos los siguientes:

• En 2022 se alojaron diariamente una media de 21.684 personas mayores de 18 años en centros de atención a personas sin hogar, un 22% más que en 2020.
• Los centros que ofrecen servicios de restauración sirvieron de media al día 51.379 servicios, un 10,5% más que en 2020.
• Atendiendo a la titularidad de los centros, el 23,7% eran públicos y el 76,3% privados.
• En el caso de los centros especializados en atención a mujeres víctimas de violencia de género, el 61,2% eran públicos y el 38,8% privados.
• El 8,5% de los centros especializados en atención a inmigrantes eran de titularidad pública y el 91,5% privada.

Siendo importantes todos los datos cuantitativos que aparecen en la citada encuesta, conviene subrayar que desde las organizaciones sociales que trabajamos día a día con las personas sin hogar se viene reivindicando un cambio necesario en nuestro trabajo: se trata de ofrecer recursos residenciales adaptados a cada persona -pisos, casas en lugar de grandes instituciones (albergues)-, teniendo en cuenta sus circunstancias vitales y acompañándolas en todo momento. Una vez lograda la inclusión residencial, se inicia un proceso integral e individual hacia la inclusión social.

El cambio ya se está produciendo y viene reflejado en la encuesta del INE: el pasado año, 13.763 personas se encontraban alojadas en albergues y 7.921 residían en pisos, incluyendo en este grupo “personas que participan en los programas Housing First y Housing Led, proyectos que permiten un apoyo socioeducativo a personas sin hogar o en riesgo de exclusión, a través de vivienda compartida de forma temporal”. El número medio de viviendas destinadas a los programas Housing First/Housing Led aumentó un 51,8%.

Recursos adaptados a cada necesidad

En Luz Casanova ya se viene trabajando en recursos residenciales temporales, Gestionamos siete viviendas, en el centro de Madrid, para alojar a personas con importantes necesidades de apoyo, después de haber estado mucho tiempo en la calle. Las mujeres y las personas con problemas de salud mental tienen prioridad en dicho programa.

Otros recursos residenciales temporales que ofrece Luz Casanova son: el centro de alojamiento seguro para mujeres sin hogar y “La Kasa”, un alojamiento con 20 plazas individuales para jóvenes entre 18 y 28 años en situación de sin hogar; juntamente con la Red FACIAM promovemos en el centro la participación activa de los jóvenes y su implicación personal en el mismo, respetando su momento vital. 

Los recursos residenciales de los que dispone Luz Casanova ofrecen, en primer lugar, una vivienda con el objetivo de lograr la inclusión residencial de aquellas personas en situación de calle, un paso previo para ir “construyendo” hogar, es decir lograr la inclusión social, desde una visión global del proceso individual que, en cada fase, cuenta con el adecuado acompañamiento.

Encontrar una vivienda es, sin duda, imprescindible para afrontar el sinhogarismo; sin embargo, actualmente, es necesario abordar la realidad de las personas sin hogar, desde factores tales como la salud en general y la salud mental en particular, la desestructuración personal y familiar, las dependencias, la falta de ingresos, las dificultades para acceder a un trabajo digno, el origen, la edad, el género, la soledad y el aislamiento. Se trata de una realidad compleja que precisa tratamientos individualizados.

Las organizaciones sociales llevamos años proponiendo cambios en las actuaciones relacionadas con el sinhogarismo basándonos en las experiencias de trabajo acumuladas y los cambios que se van produciendo en nuestra sociedad. Si logramos que la inclusión residencial lleve aparejada la inclusión social, “construiremos” hogares, un objetivo por el que seguimos trabajando en Luz Casanova.

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Un ejemplo de esa permanente evolución del trabajo de la Red FACIAM se ve reflejada, concretamente, en las personas sin hogar y en exclusión residencial. De ahí que en el citado informe se afirme que las políticas sociales relacionadas con la situación de las personas sin hogar han estado centradas, básicamente, en soluciones vinculadas a la vivienda y, actualmente, la realidad nos demuestra que este enfoque no es suficiente por lo que debe ser revisado y ampliado.

En efecto, sin olvidar que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 47 de la Constitución Española, en nuestros días las personas en situación de sin hogar se ven afectadas por múltiples factores, tales como la salud mental, las diversas dependencias, la desestructuración personal y familiar, la falta de ingresos, la debilidad del mercado de trabajo, el origen, la edad, el género, la soledad y el aislamiento o las adicciones, entre otros señalados en el informe, que deben tratarse conjunta y coordinadamente.

La importancia del hogar

En pocas palabras, para FACIAM hay que abordar el sinhogarismo no sólo tratando de encontrar una vivienda, sino también un hogar en el que las personas puedan realizarse en las diferentes dimensiones humanas y así lo expresan quienes han “construido” el informe, mujeres y hombres -Alonso, Natalia, Hamir, Beni, Eduardo y muchos más- que describen las duras condiciones en las que viven las personas sin hogar y en exclusión residencial. Todas y cada una de las personas que han participado en el informe de FACIAM que comentamos son protagonistas del mismo.  

Así, pues, encontrar una vivienda es imprescindible para prevenir el sinhogarismo y la exclusión residencial; sin embargo, como se señala en el informe, hay que encarar el futuro, en primer lugar, tomando en consideración la importancia de las redes sociales, las relaciones sociales y el apoyo social con el objetivo de afrontar las cuestiones relacionales e incorporarlas explícitamente en los programas de intervención dirigidos a las personas sin hogar y en exclusión residencial.

En segundo lugar, es necesario analizar el impacto que las relaciones sociales y el apoyo social tienen para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas sin hogar, prestando especial atención a la salud física y mental.

En tercer lugar, hay que identificar nuevas fuentes de apoyo social incorporando, como se señala en el informe, aspectos vinculados a la participación formal, tales como sistemas de empleo y protección social, así como la participación de las personas sin hogar en redes sociales formales como la amistad, la familia y la vecindad.

En cuarto lugar, resulta imprescindible abordar, actualmente, la realidad del sinhogarismo desde enfoques interseccionales.

Pasar a la acción

Como colofón al informe “Redes sociales y sinhogarismo” la red FACIAM identifica las siguientes propuestas de acción:

• Ante la falta de apoyos cercanos, manifestada reiteradamente en el informe por las personas sin hogar, hay que analizar el papel que ha tenido la ausencia o deterioro de las relaciones sociales en el proceso de exclusión de las personas.
• Tomar en consideración la importancia de la intervención comunitaria no sólo en el plano personal, sino también para aprovechar con eficacia los recursos provenientes de las políticas públicas.
• Crear programas de acompañamiento, espacios para la escucha y el diálogo con las personas sin hogar, más allá de los grupos de carácter psicoterapéutico.
• Establecer vínculos con asociaciones vecinales, colectivos, foros… para que las personas participen en actividades externas a los proyectos.
• Más allá del derecho a la vivienda, incorporar el derecho a tener una comunidad creando programas de participación comunitaria en los que la comunidad facilite la inserción y la Administración ponga los medios para reconocer los derechos de las personas sin hogar.
• Establecer programas de incorporación comunitaria buscando las herramientas necesarias para la progresiva responsabilización de las personas sin hogar.

En definitiva, “Más allá de la vivienda” no es sólo el título de una serie editorial de la Red FACIAM, sino un objetivo para abordar las nuevas realidades de las personas que se encuentran en situación de sin hogar y en exclusión residencial. 

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En el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, empoderamiento aparece definido como “proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven”. Su origen podemos situarlo en la década de los sesenta en los trabajos del pedagogo brasileño Paulo Freire en el ámbito de la educación popular. Posteriormente, en los años 70 se difundió con fuerza en el marco del desarrollo humano. Actualmente, es ampliamente utilizado por diversos movimientos feministas tanto para referirse al fortalecimiento de las capacidades personales como para lograr confianza a la hora de ocupar espacios económicos, sociales y políticos.

Enfoque feminista

En efecto, como se señala en el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, “aunque el empoderamiento es aplicable a todos los grupos vulnerables o marginados, su nacimiento y su mayor desarrollo teórico se ha dado en relación a las mujeres. […] Desde su enfoque feminista, el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva, e implica la alteración radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género”.

Con el paso del tiempo, el término empoderamiento se ha visto ampliado, desde su utilización en los análisis de género a aplicarse a colectivos vulnerables, al ámbito de la cooperación al desarrollo, así como en el trabajo comunitario y social. De hecho, ha pasado de ser un concepto “patrimonio de los movimientos de mujeres” a ser utilizado por las agencias de desarrollo, las Naciones Unidas, diversos representantes políticos… Los nuevos usuarios del término, sin embargo, carecen de un concepto unificado, a diferencia de numerosos grupos de mujeres que entienden que las desigualdades de género, es decir las desigualdades existentes por el mero hecho de ser mujeres, deben ser erradicadas mediante el empoderamiento, utilizando estrategias que propicien, tanto a las propias mujeres como a otros grupos marginados, incrementar su poder y acceder al uso y control de los recursos materiales, ganando así influencia para participar en los cambios sociales que les afectan.

Desde esta perspectiva, el empoderamiento supone un proceso por el que, como se señala en el citado diccionario, las personas toman conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses y los relacionan con los de otras personas, lo que les facilita su participación en la toma de decisiones desde una posición mucho más sólida.

Dos dimensiones

En el proceso de empoderamiento encontramos una dimensión personal y otra colectiva. La primera supone que las personas excluidas se empoderan aumentado su confianza, autoestima y capacidad para responder a sus propias necesidades. Con frecuencia, esas personas tienen interiorizados mensajes de opresión y subordinación respecto a sí mismas, hasta el punto de ignorar que son titulares de derechos inalienables, sean hombres o mujeres, lo que se traduce en baja autoestima. Empoderarse implica, por tanto, un proceso de concienciación para recuperar su autoestima y la creencia de que están legitimadas para tomar decisiones que les conciernen.

La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que las personas tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen para lograr objetivos comunes. Un claro ejemplo lo encontramos en los procesos de empoderamiento llevados a cabo por grupos de mujeres cuyas estrategias de género han alcanzado altos niveles de éxito, conscientes de que juntas pueden alcanzar la tan deseada erradicación de las desiguales relaciones de género que se dan todavía hoy en todos los países, como se señala desde Naciones Unidas.

Esta manera de entender el empoderamiento de las mujeres no significa, como se destaca en el diccionario citado, el poder en términos de dominación, sino como el aumento de su propia autoestima, su educación, su acceso a la información y el reconocimiento real y efectivo de sus derechos, así como el control de diversos recursos materiales e intelectuales que resultan fundamentales para empoderarse.

En Luz Casanova los procesos de empoderamiento han sido una constante en los proyectos que se han llevado a cabo en sus casi 100 años de andadura y en los que se sigue trabajando actualmente, siendo la participación la base del empoderamiento, con el objetivo de que las personas relegadas, excluidas, desprotegidas, silenciadas… vean reconocidos sus derechos como seres humanos, siendo las mujeres una gran parte de las personas protagonistas de dichos procesos.

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Días negros, muy negros hemos vivido y vivimos últimamente en los que asistimos a un goteo de víctimas de violencia machista, sin que los negacionistas de este tipo de violencia admitan la cruda realidad de que estamos ante crímenes contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, es decir, se trata de la violencia machista con la brutalidad añadida de producirse, en muchos casos, ante hijos e hijas de la víctima.

Así lo escribe la periodista @Isabel Valdés en una crónica que narra los hechos dramáticos ocurridos hace pocos días: “Nueve años, ocho años y cinco meses. Son las edades de los tres niños que el lunes [7 de agosto] por la tarde no estaban durmiendo siesta, ni nadando en la piscina, ni bañándose en la playa, ni jugando. Vieron cómo su padre, de 32 años, mataba a su madre, de 27, con un cuchillo de cocina.” Tener ocho años y ver cómo tu padre asesina a tu madre: los testigos más vulnerables de la violencia machista | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com). 

El martes, los gritos de una niña alertaron a los vecinos de Pozoblanco. El padre, presuntamente, mató a la madre y después se suicidó. El relato de la periodista, desgraciadamente, se repetirá en otros lugares porque la violencia machista no cesa, mientras observamos atónitos que en muchas ciudades de nuestro país se están dando pasos atrás e ignorando los logros conseguidos en la lucha contra la violencia de género, como consecuencia de la injustificable actitud de determinados representantes políticos que se niegan a reconocer y a hacer frente a la violencia machista.

No debemos bajar la guardia. Ciertamente, se han conseguido avances en los últimos años pero todas y cada una de las mujeres que son víctimas de violencia de género suponen un fracaso colectivo; son pasos atrás en el largo camino que nos queda para lograr una meta alcanzable si se toman las medidas adecuadas, si individual y colectivamente colaboramos en esa difícil marcha hacia el ansiado reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres.

Contra la violencia de género, hagamos nuestro el lema de Luz Casanova y que “por nosotras no quede” estar en vigilancia permanente y no permitamos ni un solo paso atrás.

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Cada año, miles de hombres, mujeres, niños y niñas son víctimas de la trata en sus propios países y en el extranjero. Se trata en su mayor parte de personas que viven en la pobreza, o en comunidades marginadas, que carecen de estatus legal, de acceso a la educación, a la sanidad o a un trabajo digno. Personas víctimas de todo tipo de discriminación, violación o abusos. Personas cuyos derechos humanos son violados sistemáticamente por los traficantes. Según datos de Naciones Unidas, el 30% son niños capturados para realizar trabajos forzosos en condiciones indignas; el 70% son mujeres y niñas, en su mayoría explotadas sexualmente desde temprana edad; además existe trata en el comercio de órganos y en el ámbito del tráfico de drogas.

Actualmente, asistimos al aumento del riesgo de trata como consecuencia de las injustificables desigualdades socioeconómicas, la emergencia climática o los masivos desplazamientos humanos. Todo ello se ve favorecido por el deterioro en todo el mundo, especialmente en los países empobrecidos, de las medidas para ayudar a las víctimas. Desde Naciones Unidas alertan a la comunidad internacional ante la caída de las tasas de detección de la trata al tiempo que se está ralentizando la respuesta de la justicia penal, lo que se traduce en un aumento potencial de los riesgos para las víctimas porque los delitos difícilmente llegarán a los tribunales de justicia. A todo ello se une el hecho de que las medidas en vigor no cubren el amplio espectro de violaciones de derechos humanos que supone este delito.

En el DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA –30 de julio– Naciones Unidas nos propone que tomemos conciencia acerca de las consecuencias de este delito y su expansión. Este año propone: “LLEGAR A TODAS LAS PERSONAS, SIN DEJAR A NADIE ATRÁS” y señala que “En el contexto de la trata de personas, dejar atrás a las personas significa:

• No poner fin a la explotación de las víctimas de trata.
• No apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes.
• Dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas de este año se nos invita a tomar conciencia  de las injustas situaciones que se derivan de la trata identificadas en el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la UNODC, para que los gobiernos y la sociedad civil redoblen sus esfuerzos en la prevención y el apoyo a las víctimas. Se trata, en definitiva, de defender sus derechos humanos y poner fin a la impunidad de los traficantes.

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

El tráfico de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos, un nuevo símbolo de la esclavitud. No en vano, según nuestro diccionario, la trata es “tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos”. Sin embargo, prácticamente, en todos los países del mundo se produce trata de personas, sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En efecto supone la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante amenazas, con el uso de la fuerza u otras formas de coacción como aparecen relacionadas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata.

Cada año, miles de hombres, mujeres, niños y niñas son víctimas de la trata en sus propios países y en el extranjero. Se trata en su mayor parte de personas que viven en la pobreza, o en comunidades marginadas, que carecen de estatus legal, de acceso a la educación, a la sanidad o a un trabajo digno. Personas víctimas de todo tipo de discriminación, violación o abusos. Personas cuyos derechos humanos son violados sistemáticamente por los traficantes. Según datos de Naciones Unidas, el 30% son niños capturados para realizar trabajos forzosos en condiciones indignas; el 70% son mujeres y niñas, en su mayoría explotadas sexualmente desde temprana edad; a lo que se añade la utilización también en el comercio de órganos y en el ámbito del tráfico de drogas.

Actualmente, asistimos al aumento del riesgo de trata como consecuencia de las injustificables desigualdades socioeconómicas, la emergencia climática o los masivos desplazamientos humanos. Todo ello se ve favorecido por el deterioro en todo el mundo, especialmente en los países empobrecidos, de las medidas para hacer frente a las víctimas de la trata. Desde Naciones Unidas alertan a la comunidad internacional ante la caída de las tasas de detección de la trata al tiempo que se está ralentizando la respuesta de la justicia penal, lo que se traduce en un aumento potencial de los riesgos para las víctimas porque los delitos difícilmente llegarán a los tribunales de justicia. A todo ello se une el hecho de que las medidas en vigor no cubren el amplio espectro de violaciones de derechos humanos que supone la trata de seres humanos.

En el DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA –30 de julio– Naciones Unidas nos propone que tomemos conciencia acerca de las consecuencias de este delito y su expansión. Este año propone: “LLEGAR A TODAS LAS PERSONAS, SIN DEJAR A NADIE ATRÁS” y señala que “En el contexto de la trata de personas, dejar atrás a las personas significa:

• No poner fin a la explotación de las víctimas de trata.
• No apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes.
• Dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas de este año se nos invita a tomar conciencia  de las injustas situaciones que se derivan de la trata identificadas en el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la UNODC, para que los gobiernos y la sociedad civil redoblen sus esfuerzos en la prevención y el apoyo a las víctimas. Se trata, en definitiva, de defender sus derechos humanos y poner fin a la impunidad de los traficantes.

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